Señor Presidente,
Señoras y Señores:

Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el Secretario General
de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las
Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, Señor Ban Ki-moon,
quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables
palabras. Saludo asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los
Embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que les acompañan, al
personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70ª Sesión de la Asamblea General, al
personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU, y a todos los que de un
modo u otro participan de esta reunión. Por medio de ustedes saludo también a los
ciudadanos de todas las naciones representadas en este encuentro. Gracias por los
esfuerzos de todos y de cada uno en bien de la humanidad.

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores
Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente predecesor, hoy el Papa
emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento
para la Organización, considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento
histórico, caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y,
aparentemente, de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta
imprescindible ya que el poder tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o
falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo menos
que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia
Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades.

La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por las Naciones
Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una historia de importantes éxitos
comunes, en un período de inusitada aceleración de los acontecimientos. Sin pretensión de
exhaustividad, se puede mencionar la codificación y el desarrollo del derecho
internacional, la construcción de la normativa internacional de derechos humanos, el
perfeccionamiento del derecho humanitario, la solución de muchos conflictos y
operaciones de paz y reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la
proyección internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que
contrastan la oscuridad del desorden causado por las ambiciones descontroladas y por los
egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos los graves problemas no resueltos, pero
es evidente que, si hubiera faltado toda esa actividad internacional, la humanidad podría
no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de
estos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la
fraternidad humana y un medio para su mayor realización.

Rindo por eso homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y
sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular, quiero recordar hoy
a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos, desde Dag
Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles, fallecidos en las
misiones humanitarias, de paz y de reconciliación.

La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y
la adaptación a los tiempos es siempre necesaria, progresando hacia el objetivo último de
conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y
equitativa en las decisiones. Tal necesidad de una mayor equidad, vale especialmente para
los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los
organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las
crisis económicas. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo con los
países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el
desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a sistemas
crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de
mayor pobreza, exclusión y dependencia.

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los
primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la
promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable
para obtener el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, cabe recordar que la
limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo
suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo
humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y
de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La
distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico, etc.) entre una
pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones
e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin
embargo, muchos falsos derechos, y –a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más
bien de un mal ejercicio del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y
hombres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y
económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay
que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando
con la exclusión.

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del ambiente» por un doble
motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en
comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana
debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de «capacidades inéditas»
que «muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico» (Laudato si’,
81), es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por
elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el
ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la
humanidad. Segundo, porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes, tiene
un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia con las
demás creaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, creemos que el
universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse
respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador,
pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas
las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental (cf. ibíd., 81).

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un
imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de
bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a
excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes
(discapacitados) o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos
adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y
social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los
derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados
por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo
obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del
ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente
consolidada «cultura del descarte».

Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras
consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia
también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz, junto a la de
todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una
importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre cambio
climático logre acuerdos fundamentales y eficaces.

No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aun cuando
constituyen un paso necesario para las soluciones. La definición clásica de justicia a que
aludí anteriormente contiene como elemento esencial una voluntad constante y perpetua:
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. El mundo reclama de
todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y
medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el
fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de
seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y
niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo
y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de
vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un
nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar
que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos.
La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con instrumentos técnicos de
medida. Esto, empero, comporta un doble peligro: limitarse al ejercicio burocrático de
redactar largas enumeraciones de buenos propósitos –metas, objetivos e indicadores
estadísticos–, o creer que una única solución teórica y apriorística dará respuesta a todos
los desafíos. No hay que perder de vista, en ningún momento, que la acción política y
económica, solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por
un concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que, antes y
más allá de los planes y programas, hay mujeres y hombres concretos, iguales a los
gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas veces se ven obligados a vivir
miserablemente, privados de cualquier derecho.

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay
que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el
pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados y
desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una
justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana –amigos,
comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones–.
Esto supone y exige el derecho a la educación –también para las niñas, excluidas en
algunas partes–, que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho
primario de las familias a educar, y el derecho de las Iglesias y de agrupaciones sociales a
sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación, así
concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente.
Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan
tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y
mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Ese mínimo
absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo
espiritual: libertad del espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la
educación y los otros derechos cívicos.

Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la
nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a
los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y
debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más
en general libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo
humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en
general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza
humana.

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede
poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de
un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición de
lucro y de poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: «El hombre
no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es
espíritu y voluntad, pero también naturaleza» (Benedicto XVI, Discurso al Parlamento
Federal de Alemania, 22 septiembre 2011; citado en Laudato si’, 6). La creación se ve
perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas instancias […] El derroche de la
creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros,
sino que solo nos vemos a nosotros mismos» (Id., Discurso al Clero de la Diócesis de
Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.). Por eso, la defensa del ambiente y la
lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia
naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer (cf.
Laudato si’, 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones (cf.
ibíd., 123; 136).

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la actuación
inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de «salvar las futuras
generaciones del flagelo de la guerra» (Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo) y de
«promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad»
(ibíd.) corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en palabras
vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una
colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos,
extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables.
La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se
quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar
incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y entre los pueblos.
Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a
la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones
Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. La experiencia de los 70 años de existencia
de las Naciones Unidas, en general, y en particular la experiencia de los primeros 15 años
del tercer milenio, muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas
internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de
las Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como un
punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para disfrazar
intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando, en cambio, se confunde la
norma con un simple instrumento, para utilizar cuando resulta favorable y para eludir
cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables, que
dañan gravemente las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente
biológico.

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican los cimientos
de la construcción jurídica internacional: la paz, la solución pacífica de las controversias y
el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas
afirmaciones, y las niega en la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de
las armas, especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nucleares. Una
ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua –y posiblemente de toda
la humanidad– son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las
Naciones Unidas, que pasarían a ser «Naciones unidas por el miedo y la desconfianza».
Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado
de no proliferación, en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos
instrumentos.

El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente
Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad política y del derecho,
ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia. Hago votos para que este acuerdo sea
duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colaboración de todas las partes
implicadas.

En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las
intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la comunidad
internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de hacerlo, no puedo dejar de
reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situación de todo el
Oriente Medio, del norte de África y de otros países africanos, donde los cristianos, junto
con otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de
la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido
obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural
y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la disyuntiva de huir o de pagar su
adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud.

Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de conciencia de los que
están a cargo de la conducción de los asuntos internacionales. No solo en los casos de
persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como en Ucrania, en
Siria, en Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros
concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos
hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se
convierten en material de descarte cuando solo la actividad consiste en enumerar
problemas, estrategias y discusiones.

Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del 9 de agosto de
2014, «la más elemental comprensión de la dignidad humana [obliga] a la comunidad
internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos del derecho
internacional, a hacer todo lo posible para detener y prevenir ulteriores violencias
sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas» y para proteger a las poblaciones
inocentes.

En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no siempre tan
explicitada pero que silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas.
Otra clase de guerra viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del
narcotráfico. Una guerra «asumida» y pobremente combatida. El narcotráfico por su
propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico
de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha
penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa,
generando, en muchos casos, una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de
nuestras instituciones.

Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores. Quisiera ahora que
mis palabras fueran especialmente como una continuación de las palabras finales del
discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi exactamente 50 años, pero de valor perenne:
«Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de
reflexión, casi de oración: volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en
nuestro destino común. Nunca, como hoy, […] ha sido tan necesaria la conciencia moral
del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que, bien utilizados,
podrán […] resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad»
(Discurso a los Representantes de los Estados, 4 de octubre de 1965). Entre otras cosas, sin
duda, la genialidad humana, bien aplicada, ayudará a resolver los graves desafíos de la
degradación ecológica y de la exclusión. Continúo con Pablo VI: «El verdadero peligro está
en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar
tanto a la ruina como a las más altas conquistas» (ibíd.).

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta
comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida
humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los
enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan
descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La
casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una
cierta sacralidad de la naturaleza creada.

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte la
trascendencia, renuncie a la construcción de una elite omnipotente, y comprenda que el
sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el servicio abnegado de los demás y en
el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Repitiendo las palabras de
Pablo VI, «el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios
espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibíd.).
El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura en mi tierra natal, canta: «Los
hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier
tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera».
El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente y sostenida
fragmentación social que pone en riesgo «todo fundamento de la vida social» y por lo tanto
«termina por enfrentarnos unos con otros para preservar los propios intereses» (Laudato
si’, 229).

El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos nuevos en la
sociedad hasta que fructifiquen en importantes y positivos acontecimientos históricos (cf.
Evangelii gaudium, 223). No podemos permitirnos postergar «algunas agendas» para el
futuro. El futuro nos pide decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales
que aumentan el número de excluidos y necesitados.

La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas
y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y, al mismo
tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones
futuras. Lo será si los representantes de los Estados sabrán dejar de lado intereses
sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios
Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de
todos los fieles de la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados
miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad,
un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para el bien común, lo mejor
de cada pueblo y de cada ciudadano.

La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y para todos sus
pueblos. Gracias.